
Noticias Argentinas difundió que el Ministerio de Economía avanzó en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A. al convocar a licitación pública la Red Federal de Concesiones – Etapa III, que comprende ocho tramos de rutas nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 174/2026 (RESOL-2026-174-APN-MEC), firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.
La norma establece que la Etapa III estará integrada por los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que abarcan segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras.
El proceso se encuadra en la Ley 17.520 de concesión de obra pública y sus modificatorias, la Ley 23.696 de Reforma del Estado y el artículo 7° de la Ley 27.742, que declaró a la empresa sujeta a privatización. A su vez, el Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 autorizó el procedimiento bajo la modalidad de concesión por peaje y designó al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación, con la asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Previamente, la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, del 29 de agosto de 2025, había dado inicio formal al procedimiento. Las Etapas I, II y II-B ya fueron licitadas mediante expedientes publicados en el sistema CONTRAT.AR.
Según los considerandos, la Dirección Nacional de Vialidad convocó audiencias públicas para informar a la ciudadanía y a organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales sobre los alcances de la Etapa III. Las instancias se desarrollaron entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2025, y sus informes de cierre fueron aprobados por la Resolución 1244/2025 del organismo.
El proyecto Red Federal de Concesiones prevé que el sector privado asuma la operación y el mantenimiento de distintos tramos de la red vial nacional, con el objetivo oficial de eliminar el déficit estatal en el sector y equilibrar las cuentas públicas vinculadas a la infraestructura vial.